Esta actitud, en una cadena como la Sexta y con un profesional como Jordi, me extrañó una barbaridad y, como imagino a mucha gente, me impactó pues pusieron de manifiesto, de facto, que tanto Suarez como Calvo Sotelo no fueron presidentes democráticos.

Sr. Évole, yo siempre he respetado su trabajo e, incluso, lo he admirado pero, en este caso, me gustaría hacerle una serie de consideraciones.

Es cierto que la primera vez que Adolfo Suárez llegó a la presidencia del Gobierno fue por nombramiento, a la muerte de Franco, pero posteriormente fue elegido en unas elecciones generales. Permaneció en el puesto hasta el golpe de Tejero el 23F y, posteriormente, dimitió dejando al frente a su vicepresidente Calvo Sotelo dentro del más legal proceso democrático. Todo este proceso, absolutamente legal, me lleva a pensar que, en una persona con una trayectoria como la suya, se trata de un error que, aunque tenga una importancia grande, puede ser disculpado.

Antes de terminar, me gustaría decirle que yo conocí a Adolfo Suárez y tuve largas charlas con él y, en ellas, pude comprobar su alto nivel democrático y de respeto a los demás y puedo asegurarle que no era un “chupatintas” como la mayoría de los políticos que en la actualidad están al frente de los partidos.

Para terminar le pediría, con todo el respeto del mundo, que, en el futuro, cuando trate temas tan serios como éste, valore las consecuencias que puede ocasionar en la mente de los potenciales espectadores. Gracias.

Hay veces que te ponen las cosas “a huevo” y esta ha sido una de ellas. En primer lugar me gustaría dejar claro que, desde mi punto de vista, en una democracia, la forma de jefatura del estado (Presidente de República o Rey) no implica que una sea mejor que la otra para la sociedad, pues eso va a depender de la persona que la detenta; lo que si se puede decir con toda la razón del mundo es que una es coherente con el estado democrático y la otra no pues la persona que la ocupa, a título individual, nunca es elegida por los ciudadanos, aunque la institución que la soporta vaya incluida en la Constitución que si ha tenido su refrendo. Partiendo de estas premisas en las que creo podemos estar todos de acuerdo nos encontraremos con ciudadanos partidarios de una u otra situación y todos lo harán legítimamente.

La actual Monarquía Parlamentaria española, según se interpreta del texto constitucional, no dispone de ninguna capacidad ejecutiva que no sea el nombramiento de los responsables de sus casas civil y militar y distribuir la dotación económica de la que dispone la institución, derivada de los presupuestos del Estado; en todo lo demás es una mera figura representativa cuyas propuestas o decisiones tienen que ser ratificadas siempre por las instituciones pertinentes. Partiendo de lo anterior es difícil de entender el que disponga de inviolabilidad si no puede tomar decisiones a título individual. La protección de las personas en el ejercicio de sus funciones públicas (inviolabilidad o aforamiento), aunque hoy día resulta innecesaria (en la mayoría de los países prácticamente es inexistente) debería limitarse, caso de existir al ejercicio de esas funciones y dejar fuera de ella las actuaciones del ámbito privado. 

Posiblemente una gran mayoría de las generaciones jóvenes de este país, al no haberlo vivido, necesiten un pequeño recuerdo histórico para que la habitual técnica de manipulación no los “lleve al huerto” con suma facilidad con cosas como que “el Rey Juan Carlos nos trajo la democracia a España” y otras expresiones parecidas utilizadas con fines partidistas. Los que vivimos el proceso en primera persona sabemos que la democracia la trajo el deseo del pueblo y el esfuerzo de un grupo de personas que, en un momento difícil y de riesgo pusieron encima de la mesa su futuro y fueron capaces de sentarse, hablar y llegar a acuerdos, aunque sus posiciones estuvieran inicialmente muy alejadas; uno de esos acuerdos fue colocar a Juan Carlos como la figura representativa de la nueva realidad. A lo largo de toda su trayectoria, y la he vivido toda, yo no le recuerdo más que un momento decisivo, su discurso la noche del golpe de estado del 23 F. La realidad institucional es ésta aunque a algunos les cueste mucho reconocerlo.

Otra cosa es el comportamiento personal en su vida privada; siempre se ha comentado que era un mujeriego con múltiples amantes pero, aunque eso no es lo más ejemplar en una persona que representa ante el mundo a un país entra dentro de su ámbito privado y sólo le puede exigir responsabilidad su cónyuge. Lo verdaderamente grave empieza cuando se van descubriendo unas cloacas con aguas muy turbias, con supuestas utilizaciones de su cargo para cobrar comisiones y enriquecerse, no pudiendo pedirle responsabilidades ni investigarle porque en la Constitución aparece como inviolable para cualquier actuación y los parlamentarios, esos si elegidos por los ciudadanos, se niegan a formar una comisión parlamentaria de investigación (cuyo fin no es castigar sino conocer) alegando que deterioraría la institución cuando, en realidad, de quien se trata no es de esta si no de la persona física que la ha representado a lo largo de 40 a.

Yo creo que una investigación a fondo, no ya para castigar porque ya no se puede, si no con el ánimo de conocer los fallos de diseño que se cometieron en el proceso constituyente, y corregirlos de cara al futuro para que no vuelva a ocurrir esto nunca más, es imprescindible si de verdad queremos que nuestra democracia pueda ser homologable con un sistema político moderno y justo; por supuesto que eso no dañaría a la institución si no que le aportaría un empaque y credibilidad que, por supuesto, le quita el oscurantismo en el que la van a meter. Por otra parte también creo que, visto desde un punto de vista monárquico, todo este proceso debería haber sido forzado por el actual Rey Felipe VI renunciando personalmente a la inviolabilidad, porque, con la deriva actual lo único que se consigue es una pérdida de popularidad de la institución que finalmente la llevará a su desaparición. 

Ahora que nos encontramos en una situación sanitaria de riesgo podemos sacar, de ella, conclusiones aplicables, por extrapolación, a otros ámbitos, también al que estamos tratando en este comentario. En la situación que estamos viviendo se pueden cometer (y se cometen) actos de insensatez sin tener protección alguna contra el virus, con lo que llevan de riesgo para el conjunto de la sociedad; ¿os imagináis lo que harían si ellos se consideraran inmunes?. Traslademos esta reflexión a una casa real a cuyo máximo representante (el rey) se le considera constitucionalmente inviolable que es tanto como decir que ni siquiera se puede iniciar una investigación sobre sus actuaciones personales; a que a vosotros también os da la sensación de que esto puede generar un estímulo importante para que, si se presenta la situación, aproveche la oportunidad en su beneficio aunque sea cometiendo una clara ilegalidad que al resto de los ciudadanos les acarrea penas importantes, como, parece ser, ha realizado Juan Carlos I. ¿No os parece que es lógico y urgente el revisar este punto de nuestra Constitución y corregir el error, que cometieron en su redacción, limitando la inviolabilidad únicamente a lo derivado de sus responsabilidades del cargo?. ¿Por qué da la impresión que determinados grupos políticos se niegan a apoyar una actuación de este tipo alegando la estabilidad de la Monarquía y sin tener en cuenta que la Constitución dice que “todos los españoles somos iguales ante la ley?. ¿Acaso el rey no es español?. ¿No tendrá mucho que ver con el miedo a perder su privilegio de aforamiento si se empieza a recorrer ese camino?. 

Mi sensación es que hay demasiadas preguntas sin responder y además no olvidemos que en el resto de los países europeos el número de aforamientos es ridículo (2-3) mientras que en España son unos 18.000 y no sólo para su actividad institucional si no también para la privada; casos en que han salido manifiestamente beneficiados los conocemos todos.

Si, independientemente del concepto de Churchill, nos fijamos en la RAE nos encontramos con dos acepciones, la 3ª y 4ª, que si las unimos se consigue, desde mi punto de vista, la definición más acertada y justa de demopcracia, que podría quedar: “Forma política de una sociedad en la que la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes y practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religioso etc”. A todo esto yo añadiría que todo ciudadano de esa sociedad debe tener libertad de pensamiento y actuación, eso sí, siempre respetando todos los derechos del resto de sus conciudadanos. 

En las sociedades occidentales, entre las que nos encontramos, el poder se ejerce por medio de representantes, elegidos periódicamente  ¿libremente? para que las gobiernen; si seguimos recurriendo a la RAE, su acepción 2 nos dice que gobernar es dirigir un país o una colectividad política y si miramos dirigir también en su acepción 2 nos dice que significa guiar, mostrando o dando señas de un camino.

Llegados a este punto yo ya no tendría tan clara la realidad completa de la viñeta de El Roto: estoy de acuerdo en que a la democracia la han convertido en un sistema electoral permanente pero eso lo han hecho gobernándonos, dirigiéndonos y mostrándonos el camino hacia el que a ellos les interesa. 

El problema aparece cuando, como ocurre en este caso, ese camino no nos lleva a lo que debería significar la democracia, que es la consecución del bien de la colectividad, si no a la búsqueda de los intereses personales de esos representantes que solo dedican sus esfuerzos a manipular a los electores para que les voten en las siguientes elecciones. Y eso empieza incluso antes de haber hecho el recuento de los votos.

Como datos significativos me voy a limitar a poner 3 ejemplos: 1- La utilización de la gestión de la pandemia por parte de todos los grupos. 2- La manipulación del escándalo del rey emérito con todas sus consecuencias. 3- El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva dos años en funciones. De verdad ¿alguien cree que esta forma de actuar de nuestros políticos tiene algo que ver con el concepto ético de Democracia? ¿Es esto lo que los ciudadanos quieren cuando van a la urnas? ¿ Qué deberíamos hacer para conseguir revertir esta situación? Yo creo que ya va siendo hora de que desaparezca de la mente de las personas ese concepto tan erróneo de que todo lo que dicen los que yo boto es la verdad y todo lo que dicen los demás es mentira. ¿Por qué no empezamos a fiscalizar, a lo largo de todo el mandato, la utilización de nuestra confianza y, si al llegar las siguientes elecciones nos han defraudado, retirársela? El problema que yo veo es que esta forma responsable de actuar supone un esfuerzo importante y hay muy poca gente dispuesta a ello si no ve un claro beneficio para si misma (en definitiva que están pensando y actuando exactamente igual que los políticos) y ésta tampoco es una forma ética de comportamiento. Como muchas veces se ha dicho los políticos son hijos de la sociedad en la que viven y, porcentualmente, se comportan de la misma forma que ella. 

Todo esto viene a cuento, en este momento, derivado del control al Gobierno en el Senado este fin de semana en el que, como es fácil de suponer, el PP por boca de su portavoz, el Sr. Maroto, arremetió con toda su artillería (real o ficticia) contra el Presidente Sánchez. Llegados a este punto a mí me gustaría hacer un serie de consideraciones para intentar trasmitir como entiendo yo la democracia.

Vamos a empezar por ir al RAE en cuya 3ª acepción de DEMOCRACIA aparece “Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”; esto, según mi humilde entender, quiere decir que la forma de ejercer ese poder por parte de los representantes elegidos debe acercarse lo más posible a las necesidades de toda esa sociedad, intentando respetar la ÉTICA por encima de todo y entendiendo que, en función del número de personas que te apoyen y apoyen a tus contrincantes, la influencia de tus criterios, en la toma de decisiones, será mayor o menor y teniendo muy claro que no es legítimo bloquear indefinidamente decisiones porque te beneficien a ti personalmente o a las ideas tu partido cuando la representación otorgada por los ciudadanos no habla en ese sentido.

Los dos temas conflictivos sobre los que quiero hablar con las bases de esta reflexión son: 1- El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular y 2- El acceso del Sr. Maroto al Senado en las últimas elecciones.

1. Partimos de la base que, según la Constitución, en este país existen tres poderes (el legislativo, el ejecutivo y el judicial) y los tres deberían tener un funcionamiento independiente de los demás, siempre ateniéndose a las normas constitucionales. El problema aparece porque la cúpula del poder judicial es elegida, en su mayoría, por los partidos del arco parlamentario y eso lo hace dependiente. Cuando uno de esos partidos consigue mayoría absoluta en unas elecciones coloca en el Consejo General del Poder Judicial una mayoría de jueces con una forma de pensar igual a la suya y luego esto se traslada a los nombramientos de los presidentes de todos los tribunales, hechos por el CGPJ y habitualmente con el mismo concepto, y que lo son hasta su jubilación. Como la renovación del Consejo General del Poder Judicial es cada cinco años se superpone con dos legislaturas y después de haberlo conseguido, aunque pierdas la mayoría inicial, puedes bloquear su renovación negándote a  facilitarla y así mantener el poder que eso te concede, durante un tiempo extra, aunque no tengas la mayoría parlamentaria. Durante el tiempo que el Consejo está en funciones puede continuar sustituyendo a los jueces que se jubilan. ¿Se imaginan ahora el poder que proporciona y como se puede utilizar esta politización del Poder Judicial?. Como dato informativo de ello analicemos el caso del Master de Pablo Casado: la juez instructora que lo investigó a él y otras compañeras en la misma situación, al terminar la instrucción, decidió pasarlo, para que fuera juzgado, a la Audiencia correspondiente, pero el de Casado, como en ese momento era Diputado y estaba aforado, lo tubo que mandar al Supremo (independientemente de ser algo totalmente ajeno a la actividad política y haberse producido el hecho antes de dicho aforamiento) cuyo juez, nombrado por el CGPJ elegido por el PP, sin continuar investigando dictó que se archivara y ello conllevó que lo de las otras compañeras tuviera el mismo fin para evitar una posible incongruencia. Una persona, con la carrera terminada de forma dudosa (media carrera en siete años y la otra media en las dos convocatorias del mismo año en el que ya tenía altas responsabilidades políticas que limitaban manifiestamente su tiempo de estudio) y sin experiencia profesional, que obtiene un título oficial de Master Universitario de 22 asignaturas, con 18 de ellas convalidadas y las otras cuatro con trabajos que ha podido hacer cualquiera, sin asistir a las clases, sale indemne y en el momento actual es Presidente del PP y jefe de la oposición en el Parlamento. ¿Puede haber mayor desprestigio para un régimen democrático?
2. En cuanto al caso del antiguo alcalde de Vitoria-Gasteiz, aun siendo totalmente distinto no es menos escandaloso. Reside habitualmente en Vitoria y por Álava se presenta en 2019 a las elecciones generales no resultando elegido pesar de haber desarrollado en ese territorio toda su actividad política siendo concejal en varias legislaturas y alcalde. Llegados a este punto, para cualquier persona respetuosa y con sentido común, habría terminado el recorrido de esta legislatura, pero para el PP y el Sr. Maroto no hay imposibles; aprovechando que en el Senado hay un cupo de plazas que las eligen las comunidades y ellos tienen mayoría en Castilla León asunto solucionado, hacen un traslado de domicilio a un pueblo de Segovia, en el que antes parece ser que ha veraneado, y lo nombran ellos directamente, convirtiéndolo, posiblemente, en el primer parlamentario que resulta nombrado con dos domicilios distintos en la misma cita electoral. Si esto no es un fraude de ley que baje Dios y lo vea.

      A pesar de esto ambos suben a sus respectivas tribunas criticando a sus contrincantes como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta y el resto no fueran dignos de la representatividad que ostentan. ¿Entendéis ahora el por qué del título de este escrito? Pero el gran problema no está en estos dos casos si no en que, antes o después, por una cosa u otra, toda la clase política termina con comportamientos que, al menos, se pueden considerar de dudosa legalidad; ellos lo hacen y si, luego, alguien denuncia tienen preparada una explicación que normalmente sólo se la creen los que les votan asiduamente y si hay una investigación judicial entra en funcionamiento su capacidad de manipulación para que no llegue a ninguna parte. ¿NO OS PARECE QUE ESTO CABREA MUCHO Y CREA MUCHA IMPOTENCIA?, pero ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLO APARTE DE VOTAR TODOS EN BLANCO?

Llevamos un periodo de tiempo, en este santo país en el que nos ha tocado vivir, que se hace difícil de soportar el día a día que generan, con su omnipresencia y ocupación de espacio en todos los medios de comunicación, las noticias de la actividad de los políticos (y digo “actividad de los políticos” porque yo creo que eso no es realmente POLITICA); empezamos ya hace más de dos años con el desencadenamiento del conflicto catalán, la moción de censura, el periodo de dudas previo a la convocatoria de elecciones, la campaña electoral, las dos elecciones en un mes, los pactos postelectorales y la amenaza de unas nuevas generales. Si a esto añadimos lo que nos viene de fuera con el brexit y la ocupación de la Casa Blanca por parte de Trump, todo lo demás que ocurre en el mundo y su repercusión en la vida y el futuro de la sociedad está totalmente olvidado.

La RAE define la palabra «política», en sus acepciones 7 y 8, como doctrina y opinión respecto al gobierno y como actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos y yo soy de los que creo que, además de eso, debe ser entendida y practicada para conseguir el bien común de toda la sociedad, y así puede ser calificada como la actividad más noble del ser humano; también soy de la opinión que ningún ser humano, por muy inteligente y poderoso que sea se encuentra en posesión de la verdad absoluta aunque en un número importante de las veces tenga el poder suficiente para imponer su verdad, situación que puede ser calificada de DICTADURA (y esto puede suceder sin necesidad de llegar a ello por la fuerza de las armas). La verdadera DEMOCRACIA implica diálogo, aceptar que tu tienes sólo una parte de la verdad y los otros también y que todas esas verdades parciales juntas hacen una verdad mucho más poderosa; implica que muchas veces hay que renunciar, en un momento puntual, a una parte de esa verdad y también al poder personal porque eso es mejor para la sociedad, implica también la aceptación de que son necesarias modificaciones legales que permitan obligatoriamente una aireación del espacio de la política permitiendo el acceso a gente nueva (aunque sea a costa de irnos nosotros), con ideas nuevas, sin tener que pasar obligatoriamente por el filtro de los que están en el poder aceptando todo “a pie juntillas”.

Yo creo que políticos debemos ser todos y toda la vida (entendiendo el ser político como la inquietud y espíritu de formación en el desarrollo y consecución del bien común, para poder ejercer el control del cumplimiento de las promesas sobre las personas en las que delegamos cuando votamos) y los que tienen que ser verdaderamente profesionales dentro de la administración son los técnicos y que los que se dediquen a la actividad política deben ser profesionales en el ámbito para el que se han formado y que su tiempo dentro del ejercicio de la política debe ser limitado por ley puesto que si no la sensación de  poder e impunidad que les otorga consigue que sean capaces de hacer cualquier cosa para conservarlo, habitualmente con consecuencias nefastas para la sociedad.

En todo este tiempo al que nos estamos refiriendo yo tengo la sensación, cada vez más intensa, de que todos los dedicados a la actividad política van por un camino que no tiene nada que ver con lo plasmado en los párrafos anteriores; lo de ser “servidores públicos” sólo tiene sentido para ellos en tanto en cuanto, a base de repetirlo, consiga convencer a los votantes para que les den su confianza y lo que verdaderamente les importa, su verdadera AMBICIÓN, es el EGOISMO de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. En definitiva como aquel que se encuentra una cantidad de dinero, sabe de quien es, y se lo queda pensando en que si alguien se da cuenta ya buscara una explicación convincente para justificarse.

Me temo que este último escenario es en el que nos encontramos y que para salir de él vamos a tener que concienciarnos y esforzarnos todos los ciudadanos de a pié. A VER SI EMPEZAMOS CUANTO ANTES PORQUE SI NO LA COSA SE VA A PONER MANIFIÉSTAMENTE DIFICIL.

Los “ciudadanos de a pie” sabemos cómo piensan y actúan los políticos pero, éstos ¿conocen o se preocupan por conocer lo que realmente quieren los ciudadanos? O, de lo que realmente se trata es de manipularlos y que se queden satisfechos con recibir lo que a sus organizaciones les interesa en función de las necesidades electorales.

En una democracia del siglo XXI, el ciudadano debería ser capaz de tener un proyecto de sociedad, de transmitirlo, evaluar el comportamiento de los políticos y actuar en consecuencia, tanto a lo largo de la legislatura como a la hora de las elecciones y todo ello pensando en el beneficio del conjunto de la sociedad (su beneficio particular parte de ahí).

Hace años, en una de las tertulias abiertas con un responsable político, a la pregunta de si él conocía el pensamiento de los ciudadanos, me contestó que él también era un “ciudadano de a pie”, a lo que yo le repliqué que a nadie se le puede considerar como tal en lo relacionado con su actividad profesional; él puede serlo en todas las demás actividades de la vida menos en la política lo mismo que yo puedo serlo en todo menos en lo relacionado con la medicina. Esto no quiere decir que desconozca como piensa, siente y espera que se desarrolle su vida el ciudadano que cada X años vota y para lo cual debe convivir con él en su ambiente natural, con la mínima contaminación posible. Con esto no quiero insinuar que debamos recurrir a un movimiento totalmente asambleario (siempre fácilmente manipulable en cualquiera de los sentidos), sino que debemos establecer los cauces de comunicación adecuados para que las decisiones de gobierno no se desvíen de los deseos de los ciudadanos.

Llevo ya mucho tiempo considerando, en la práctica, a un país como a una empresa, salvando las distancias de que una empresa busca el beneficio económico y un país el social, y que, por tanto, los propietarios, o sea los ciudadanos, son los que tienen que marcar las metas hacia las que debe dirigirse y los gestores, o sea los políticos, son los que tienen que conseguir, con su actuación profesional y honesta, acercarse lo más posible a esas metas. El problema con el que nos enfrentamos es que lo que realmente ocurre es todo lo contrario. Ahora que el futbol tiene tanto auge voy a utilizarlo como ejemplo. Piensen lo que ocurre en un Club cuando fichan a un entrenador; las primeras declaraciones que hace es que viene con su proyecto (no que viene a desarrollar el proyecto del club) y que para ello necesita unos jugadores determinados que tienen que fichar y que cuestan un montón de dinero. Comienza la temporada y las cosas van horrible y para intentar evitar el desastre el entrenador tiene que irse (por supuesto cobrando todo el contrato y poco tiempo después poniéndose a trabajar en otro club), y el club tiene que contratar otro entrenador, al que los jugadores que pidió el primero ya no le sirven y también monta su propio proyecto; y el que paga todo esto es el club (los socios).

¿Les suena a algo ahora?. ¿Les parece una frivolidad el utilizarlo como ejemplo?. Este vicio de funcionamiento de la DEMOCRACIA permanecerá mientras los CIUDADANOS no digamos ¡BASTA!. Por eso he saludado con alegría la llegada de PODEMOS al panorama político dando la palabra al ciudadano. Eso no quiere decir, como he puesto de manifiesto anteriormente, que no tenga mis miedos derivados de la facilidad con que se puede manipular cualquier movimiento asambleario. Desde mi punto de vista el ideal estaría en un proyecto que aproveche lo mejor de las dos opciones pero con un alto grado de honestidad y responsabilidad; en definitiva escuchando al ciudadano en sus deseos y gestionándolo con la máxima efectividad.