Hace casi 2 años que Juan Carlos I se fue a vivir a Abu Dhabi derivado del conocimiento de los chanchullos económicos que practicó a lo largo de toda su trayectoria al frente de la monarquía. Durante todo este tiempo,  la información sobre su actividad ha sido mínima hasta que, hace menos de un mes, decidió, con la aquiescencia del Gobierno y la Casa Real, venir unos días a las regatas de Sanxenxo.

Su comportamiento durante estos días y la prepotencia de sus manifestaciones me ha recordado la letra de la canción “El Rey” y me ha hecho pensar que, si José Alfredo Jiménez estuviera vivo, entraría dentro de lo posible que lo hubieran llamado para estar con él y cantarle diariamente varias veces el estribillo de dicho éxito hasta convertirlo en su forma habitual de actuar.

Lo que parece que no le cantó, al menos tantas veces, fue la siguiente estrofa: “Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar; después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”. Ésta sí que habría sido verdaderamente importante asumida como actitud ante la vida, no sólo en las personas normales sino, sobre todo, en las que, como él, deben servir de ejemplo para toda la ciudadanía.

Después de ver el tratamiento informativo de estos últimos días, con las manifestaciones de una gran parte  de los responsables de algunos partidos políticos y el silencio de otros, a mí “se me cae el alma a los pies”.

La manipulación que han puesto de manifiesto ha sido sangrante: desde pretender que se le pida perdón por el trato recibido, hasta manipular la historia diciendo que Juan Carlos I trajo la democracia a España. 

En cuanto a la petición de perdón por el trato recibido me parece cuando menos insultante puesto que esa petición debería haber sido hecha por él a toda la ciudadanía que le concedió su confianza y se la saltó ”a la torera” a lo largo de todo su reinado. Alguien al que colocan en lo alto de un pedestal sin capacidad decisoria alguna y con la única función de servir de ejemplo a los ciudadanos debe ser ejemplar en sus comportamientos personales. Los hechos han demostrado, aunque no lo hayan podido ratificar los tribunales por su inviolabilidad, que tal ejemplaridad no ha existido por lo que ¿por qué hay que pedirle perdón? Para hacerlo aún más denigrante, cuando la prensa le ha preguntado si iba a dar alguna explicación su contestación ha sido escueta: “¿por qué?”

De la frase “trajo a España la democracia” ya manifesté y justifiqué claramente mi opinión en un artículo, del mismo título, publicado en este blog en Marzo de 2021. 

Por último, aunque en aquellos momentos difíciles me pareció razonable la inviolabilidad para intentar evitar una marcha atrás creo que, en el momento actual y en base a la experiencia, debería desaparecer al igual que el aforamiento de los parlamentarios, por cierto prácticamente inexistente en el resto de los países europeos.

Llegados a este punto surge la pregunta del millón: a la vista de todos los acontecimientos de los últimos años, ¿por qué el gobierno y el rey  Felipe VI no han pedido al Parlamento la desaparición de estos privilegios?, ¿nos atrevemos a preguntarnos si la decisión puede ser para poder utilizarlos en el momento que estimen oportuno y que no se les puedan exigir responsabilidades al igual que al Emérito? Y, si esta pregunta tiene una contestación afirmativa, ¿merecen permanecer ni un segundo más  en el puesto que ocupan?

Para empezar hay que reconocer que un régimen monárquico es tan legítimo como el republicano siempre y cuando la decisión de su instauración haya sido tomada por el conjunto de la sociedad; la única diferencia entre ambas, una vez decidido el tipo de régimen democráticamente, es que, a partir de ese momento, en la Monarquía los ciudadanos ya no van a poder elegir a la persona que la detente mientras que en la República sí. Esta diferencia no resta legitimidad a ninguna de las dos pero pienso que, a pesar de la evolución que significa la decisión democrática de tener una Monarquía, aún le falta mucho para llegar al nivel de evolución de la República, reconociendo que en ambas se pueden tener aciertos y cometer errores.

A la hora de sacar conclusiones y evaluar su bondad o no para el resto de la sociedad, en cualquiera de las dos situaciones, a las que nos hemos referido, tendremos que conocer las herramientas de las que disponen, como las utilizan y los mecanismos de control que tiene la sociedad sobre dicha utilización. Si las herramientas son las mismas el problema se nos presenta en su utilización por quien detenta el poder y la capacidad de la sociedad para controlarle.

Llegados a este punto sería fácil ponernos de acuerdo en que, en determinados momentos de la historia, las personas que detentaban un poder político y tenían que tomar decisiones derivadas de dicho poder tenían que estar , de alguna forma, protegidos legalmente frente a las responsabilidades de dichas decisiones. En el momento actual, en los países democráticos, dicha protección es innecesaria pues las decisiones políticas no son perseguidas jurídicamente si no llevan consigo una actuación que signifique un beneficio personal, de quien que la toma, a costa del resto de la sociedad.

Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que las decisiones políticas puras, en el momento actual, no son perseguidas legalmente, podremos preguntarnos por qué las personas que las toman tienen un trato distinto al resto de los ciudadanos, no siendo juzgados por los mismos tribunales, saltándose el artículo de la Constitución que dice “TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”.

Hasta aquí hemos tratado el tema del aforamiento (en España es casi infinito) pero, para mí, lo verdaderamente grave está en el Jefe del Estado (el Rey) al que ni siquiera se le puede investigar pues es INVIOLABLE, no sólo para las decisiones tomadas en función de su cargo (que son mínimas – nombrar los jefes militar y civil de la casa real y repartir la dotación económica de la familia entre sus miembros) si no también para las de tipo personal; en definitiva haga lo que haga mientras esté en el cargo nunca nadie podrá pedirle responsabilidades por dichas actuaciones. ¿EL REY ES ESPAÑOL?, ¿LE TRATA LA LEY COMO AL RESTO DE LOS ESPAÑOLES?

Partiendo de la base de todo lo anterior y de la experiencia del Rey Emérito en su comportamiento, para mí, habría sido una actitud tremendamente honorable y muy de agradecer que el actual Monarca hubiera PEDIDO AL PARLAMENTO QUE LEGISLARA PARA ELIMINAR DICHA INVIOLABILIDAD para, legalmente, convertirse en un ciudadano normal y así eliminar las dudas que pueda haber de una repetición posterior (SIEMPRE SIN PONER EN DUDA SU HONRADEZ). Yendo un poco más allá; ¿POR QUÉ NO LO HAN PEDIDO LOS POLÍTICOS?, ¿NO TENDRÁ QUE VER CON EL MIEDO A PERDER SU PRIVILEGIO DE AFORAMIENTO?