Para empezar hay que reconocer que un régimen monárquico es tan legítimo como el republicano siempre y cuando la decisión de su instauración haya sido tomada por el conjunto de la sociedad; la única diferencia entre ambas, una vez decidido el tipo de régimen democráticamente, es que, a partir de ese momento, en la Monarquía los ciudadanos ya no van a poder elegir a la persona que la detente mientras que en la República sí. Esta diferencia no resta legitimidad a ninguna de las dos pero pienso que, a pesar de la evolución que significa la decisión democrática de tener una Monarquía, aún le falta mucho para llegar al nivel de evolución de la República, reconociendo que en ambas se pueden tener aciertos y cometer errores.

A la hora de sacar conclusiones y evaluar su bondad o no para el resto de la sociedad, en cualquiera de las dos situaciones, a las que nos hemos referido, tendremos que conocer las herramientas de las que disponen, como las utilizan y los mecanismos de control que tiene la sociedad sobre dicha utilización. Si las herramientas son las mismas el problema se nos presenta en su utilización por quien detenta el poder y la capacidad de la sociedad para controlarle.

Llegados a este punto sería fácil ponernos de acuerdo en que, en determinados momentos de la historia, las personas que detentaban un poder político y tenían que tomar decisiones derivadas de dicho poder tenían que estar , de alguna forma, protegidos legalmente frente a las responsabilidades de dichas decisiones. En el momento actual, en los países democráticos, dicha protección es innecesaria pues las decisiones políticas no son perseguidas jurídicamente si no llevan consigo una actuación que signifique un beneficio personal, de quien que la toma, a costa del resto de la sociedad.

Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que las decisiones políticas puras, en el momento actual, no son perseguidas legalmente, podremos preguntarnos por qué las personas que las toman tienen un trato distinto al resto de los ciudadanos, no siendo juzgados por los mismos tribunales, saltándose el artículo de la Constitución que dice “TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”.

Hasta aquí hemos tratado el tema del aforamiento (en España es casi infinito) pero, para mí, lo verdaderamente grave está en el Jefe del Estado (el Rey) al que ni siquiera se le puede investigar pues es INVIOLABLE, no sólo para las decisiones tomadas en función de su cargo (que son mínimas – nombrar los jefes militar y civil de la casa real y repartir la dotación económica de la familia entre sus miembros) si no también para las de tipo personal; en definitiva haga lo que haga mientras esté en el cargo nunca nadie podrá pedirle responsabilidades por dichas actuaciones. ¿EL REY ES ESPAÑOL?, ¿LE TRATA LA LEY COMO AL RESTO DE LOS ESPAÑOLES?

Partiendo de la base de todo lo anterior y de la experiencia del Rey Emérito en su comportamiento, para mí, habría sido una actitud tremendamente honorable y muy de agradecer que el actual Monarca hubiera PEDIDO AL PARLAMENTO QUE LEGISLARA PARA ELIMINAR DICHA INVIOLABILIDAD para, legalmente, convertirse en un ciudadano normal y así eliminar las dudas que pueda haber de una repetición posterior (SIEMPRE SIN PONER EN DUDA SU HONRADEZ). Yendo un poco más allá; ¿POR QUÉ NO LO HAN PEDIDO LOS POLÍTICOS?, ¿NO TENDRÁ QUE VER CON EL MIEDO A PERDER SU PRIVILEGIO DE AFORAMIENTO?  

Hay veces que te ponen las cosas “a huevo” y esta ha sido una de ellas. En primer lugar me gustaría dejar claro que, desde mi punto de vista, en una democracia, la forma de jefatura del estado (Presidente de República o Rey) no implica que una sea mejor que la otra para la sociedad, pues eso va a depender de la persona que la detenta; lo que si se puede decir con toda la razón del mundo es que una es coherente con el estado democrático y la otra no pues la persona que la ocupa, a título individual, nunca es elegida por los ciudadanos, aunque la institución que la soporta vaya incluida en la Constitución que si ha tenido su refrendo. Partiendo de estas premisas en las que creo podemos estar todos de acuerdo nos encontraremos con ciudadanos partidarios de una u otra situación y todos lo harán legítimamente.

La actual Monarquía Parlamentaria española, según se interpreta del texto constitucional, no dispone de ninguna capacidad ejecutiva que no sea el nombramiento de los responsables de sus casas civil y militar y distribuir la dotación económica de la que dispone la institución, derivada de los presupuestos del Estado; en todo lo demás es una mera figura representativa cuyas propuestas o decisiones tienen que ser ratificadas siempre por las instituciones pertinentes. Partiendo de lo anterior es difícil de entender el que disponga de inviolabilidad si no puede tomar decisiones a título individual. La protección de las personas en el ejercicio de sus funciones públicas (inviolabilidad o aforamiento), aunque hoy día resulta innecesaria (en la mayoría de los países prácticamente es inexistente) debería limitarse, caso de existir al ejercicio de esas funciones y dejar fuera de ella las actuaciones del ámbito privado. 

Posiblemente una gran mayoría de las generaciones jóvenes de este país, al no haberlo vivido, necesiten un pequeño recuerdo histórico para que la habitual técnica de manipulación no los “lleve al huerto” con suma facilidad con cosas como que “el Rey Juan Carlos nos trajo la democracia a España” y otras expresiones parecidas utilizadas con fines partidistas. Los que vivimos el proceso en primera persona sabemos que la democracia la trajo el deseo del pueblo y el esfuerzo de un grupo de personas que, en un momento difícil y de riesgo pusieron encima de la mesa su futuro y fueron capaces de sentarse, hablar y llegar a acuerdos, aunque sus posiciones estuvieran inicialmente muy alejadas; uno de esos acuerdos fue colocar a Juan Carlos como la figura representativa de la nueva realidad. A lo largo de toda su trayectoria, y la he vivido toda, yo no le recuerdo más que un momento decisivo, su discurso la noche del golpe de estado del 23 F. La realidad institucional es ésta aunque a algunos les cueste mucho reconocerlo.

Otra cosa es el comportamiento personal en su vida privada; siempre se ha comentado que era un mujeriego con múltiples amantes pero, aunque eso no es lo más ejemplar en una persona que representa ante el mundo a un país entra dentro de su ámbito privado y sólo le puede exigir responsabilidad su cónyuge. Lo verdaderamente grave empieza cuando se van descubriendo unas cloacas con aguas muy turbias, con supuestas utilizaciones de su cargo para cobrar comisiones y enriquecerse, no pudiendo pedirle responsabilidades ni investigarle porque en la Constitución aparece como inviolable para cualquier actuación y los parlamentarios, esos si elegidos por los ciudadanos, se niegan a formar una comisión parlamentaria de investigación (cuyo fin no es castigar sino conocer) alegando que deterioraría la institución cuando, en realidad, de quien se trata no es de esta si no de la persona física que la ha representado a lo largo de 40 a.

Yo creo que una investigación a fondo, no ya para castigar porque ya no se puede, si no con el ánimo de conocer los fallos de diseño que se cometieron en el proceso constituyente, y corregirlos de cara al futuro para que no vuelva a ocurrir esto nunca más, es imprescindible si de verdad queremos que nuestra democracia pueda ser homologable con un sistema político moderno y justo; por supuesto que eso no dañaría a la institución si no que le aportaría un empaque y credibilidad que, por supuesto, le quita el oscurantismo en el que la van a meter. Por otra parte también creo que, visto desde un punto de vista monárquico, todo este proceso debería haber sido forzado por el actual Rey Felipe VI renunciando personalmente a la inviolabilidad, porque, con la deriva actual lo único que se consigue es una pérdida de popularidad de la institución que finalmente la llevará a su desaparición. 

Ahora que nos encontramos en una situación sanitaria de riesgo podemos sacar, de ella, conclusiones aplicables, por extrapolación, a otros ámbitos, también al que estamos tratando en este comentario. En la situación que estamos viviendo se pueden cometer (y se cometen) actos de insensatez sin tener protección alguna contra el virus, con lo que llevan de riesgo para el conjunto de la sociedad; ¿os imagináis lo que harían si ellos se consideraran inmunes?. Traslademos esta reflexión a una casa real a cuyo máximo representante (el rey) se le considera constitucionalmente inviolable que es tanto como decir que ni siquiera se puede iniciar una investigación sobre sus actuaciones personales; a que a vosotros también os da la sensación de que esto puede generar un estímulo importante para que, si se presenta la situación, aproveche la oportunidad en su beneficio aunque sea cometiendo una clara ilegalidad que al resto de los ciudadanos les acarrea penas importantes, como, parece ser, ha realizado Juan Carlos I. ¿No os parece que es lógico y urgente el revisar este punto de nuestra Constitución y corregir el error, que cometieron en su redacción, limitando la inviolabilidad únicamente a lo derivado de sus responsabilidades del cargo?. ¿Por qué da la impresión que determinados grupos políticos se niegan a apoyar una actuación de este tipo alegando la estabilidad de la Monarquía y sin tener en cuenta que la Constitución dice que “todos los españoles somos iguales ante la ley?. ¿Acaso el rey no es español?. ¿No tendrá mucho que ver con el miedo a perder su privilegio de aforamiento si se empieza a recorrer ese camino?. 

Mi sensación es que hay demasiadas preguntas sin responder y además no olvidemos que en el resto de los países europeos el número de aforamientos es ridículo (2-3) mientras que en España son unos 18.000 y no sólo para su actividad institucional si no también para la privada; casos en que han salido manifiestamente beneficiados los conocemos todos.

Por supuesto que, durante los últimos días, hemos tenido con nosotros a los tres ocupas estacionales y por supuesto que su evolución en este año sin verlos hace parecer ridículo lo escrito el año pasado; ayer se fueron, al igual que sus tíos, y nos hemos quedado solos Clemen y yo. Como ya habréis supuesto durante todo este tiempo he continuado con mis baños nocturnos, pero hasta la tranquilidad y el silencio de ayer por la noche no he sido capaz de volver a ver la belleza de la noche, con una luna llena que iluminaba magníficamente la piscina, y sentir la necesidad de reflexionar sobre las cosas que nos están ocurriendo en los últimos y difíciles tiempos. Voy a intentar poner encima de la mesa, desde esta tranquilidad, mi forma de ver los dos temas que más ruido están haciendo en los últimos días, dejando aparcado el tratamiento directo de la pandemia: el nivel y las actitudes de los políticos actuales y la situación en la que se encuentra el anterior rey Juan Carlos.

En primer lugar quiero dejar claro que en el momento actual, desde mi punto de vista, ambos temas se superponen; también me gustaría reiterar, algo que he repetido cantidad de veces, el nivel intelectual, la formación académica y el grado de responsabilidad de las personas que pilotaron el paso de la dictadura a democracia y su posterior desarrollo inicial. Todas ellas eran personas sobradamente formadas y con abundante tiempo de ejercicio profesional que, llegado el momento histórico, no dudaron en involucrarse a tope aunque eso les pudiera suponer una pérdida económica y profesional importante: a pesar de sus diferencias ideológicas fueron capaces de sentarse para hablar y, en los temas fundamentales, llegar a acuerdos que nos han llevado a un nivel democrático similar al de cualquier sociedad avanzada del mundo. Ellos fueron los verdaderos responsables de toda la evolución que hemos vivido en los últimos 45 años en este país.

Empecemos por el primer tema y dejemos claro ya que su nivel de formación académica y su experiencia profesional no llega a la suela de los zapatos de sus predecesores; se han afiliado a sus partidos casi en la adolescencia y su máximo interés nunca ha sido adquirir una formación que, a futuro, les aporte nivel y una capacidad de toma de decisiones importante, sino trepar lo mas rápidamente posible en la estructura del partido, siempre pensando en ellos mismos. Se rodean de asesores de todo tipo y actúan en función de lo que éstos les aconsejan para mejorar la imagen que puedan percibir los ciudadanos y que éstos les voten que, al final, es lo que importa. Al contrario que sus predecesores, cuando se presenta un tema complejo en el que hay que tomar decisiones importantes, si no están en el poder en el momento fundamental para la solución del problema, se inhiben y esperan el posible error del contrario para arremeter a saco contra su supuesta falta de capacidad; nunca, desde la oposición, están dispuestos a aportar sus soluciones y sentarse para hablar con el interés común de la sociedad como prioridad; siempre el culpable es el que está en el poder y, olvidándose de la sociedad que les ha elegido, sus actitudes siempre son tendentes a su propio beneficio a través del partido en el que militan.

En cuanto al anterior rey Juan Carlos quiero dejar claro que el debate monarquía-república no es el motivo de esta reflexión; sólo quiero aportar mi visión de  observador crítico, a lo largo de toda su trayectoria en el cargo, que difiere manifiestamente de la versión oficial de todos los responsables, institucionales o no, que en estos momentos defienden la existencia de la Monarquía, incluso no siendo monárquicos. Desde mi punto de vista llegó a la Jefatura del Estado porque Franco lo utilizó para intentar maquillar la dictadura y aglutinar en torno a él a todos los que iban detentar el poder a su muerte; si esto no hubiera ocurrido así, Juan Carlos, habría terminado en el exilio como su abuelo y su padre, sin reinar nunca. En definitiva su llegada no deriva de los méritos y esfuerzo propio si no de una utilización ajena. 

En cuanto a sus funciones institucionales son meramente representativas sin ningún tipo de capacidad ejecutiva tal cual regulan los artículos del 56 al 65 de la Constitución (aunque su firma aparezca en las leyes, decretos y cualquier tipo de mecanismo efectivo para el gobierno del estado son responsabilidad del Parlamento o del Consejo de Ministros). A pesar de esto hay, al menos, dos momentos de su trayectoria en los cuales su actuación fue fundamental en la evolución futura de este país: 1- cuando, de un trío que le presentaron, eligió a Adolfo Suarez para la Presidencia del Gobierno y este pilotó, de una forma impecable, toda la transición. 2- cuando, en el golpe de estado de Tejero, hizo el discurso en televisión imponiendo su autoridad sobre el ejército. ¿Es suficiente esto para afirmar que ha traído la democracia a España? Imagino que habrá opiniones en los dos sentidos pero yo creo que, a pesar de su importancia, la verdadera responsabilidad de ese hecho hay que adjudicársela a aquella maravillosa generación de políticos que fueron capaces de hablar.

En cuanto a su comportamiento personal, con sus relaciones amorosas y presuntos casos de corrupción, son actitudes inadmisibles en una persona de tan alta representación y hacen palidecer todo lo positivo. La pregunta importante, en este momento, es ¿debe ser juzgado si las pruebas de la corrupción así lo indican? Por supuesto, como cualquier ciudadano español, ateniéndose al artículo de la Constitución que dice “Todos los españoles somos iguales ante la ley” y no vale apelar a la inviolabilidad que bien entendida sólo debe afectar a sus responsabilidades institucionales igual que al resto de los representantes públicos democráticamente elegidos. En este caso son actuaciones personales que no deben estar cubiertas por dicha inviolabilidad.