Todo el barullo que se ha montado en los medios de comunicación con las actitudes continuadas de comportamiento económico del Rey Emérito y las posteriores decisiones de Felipe VI me han llevado al planteamiento de poner por escrito lo que yo pienso sobre todos estos temas, cosa que hoy he decidido hacer efectiva.
Para empezar hay que reconocer que un régimen monárquico es tan legítimo como el republicano siempre y cuando la decisión de su instauración haya sido tomada por el conjunto de la sociedad; la única diferencia entre ambas, una vez decidido el tipo de régimen democráticamente, es que, a partir de ese momento, en la Monarquía los ciudadanos ya no van a poder elegir a la persona que la detente mientras que en la República sí. Esta diferencia no resta legitimidad a ninguna de las dos pero pienso que, a pesar de la evolución que significa la decisión democrática de tener una Monarquía, aún le falta mucho para llegar al nivel de evolución de la República, reconociendo que en ambas se pueden tener aciertos y cometer errores.
A la hora de sacar conclusiones y evaluar su bondad o no para el resto de la sociedad, en cualquiera de las dos situaciones, a las que nos hemos referido, tendremos que conocer las herramientas de las que disponen, como las utilizan y los mecanismos de control que tiene la sociedad sobre dicha utilización. Si las herramientas son las mismas el problema se nos presenta en su utilización por quien detenta el poder y la capacidad de la sociedad para controlarle.
Llegados a este punto sería fácil ponernos de acuerdo en que, en determinados momentos de la historia, las personas que detentaban un poder político y tenían que tomar decisiones derivadas de dicho poder tenían que estar , de alguna forma, protegidos legalmente frente a las responsabilidades de dichas decisiones. En el momento actual, en los países democráticos, dicha protección es innecesaria pues las decisiones políticas no son perseguidas jurídicamente si no llevan consigo una actuación que signifique un beneficio personal, de quien que la toma, a costa del resto de la sociedad.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que las decisiones políticas puras, en el momento actual, no son perseguidas legalmente, podremos preguntarnos por qué las personas que las toman tienen un trato distinto al resto de los ciudadanos, no siendo juzgados por los mismos tribunales, saltándose el artículo de la Constitución que dice “TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”.
Hasta aquí hemos tratado el tema del aforamiento (en España es casi infinito) pero, para mí, lo verdaderamente grave está en el Jefe del Estado (el Rey) al que ni siquiera se le puede investigar pues es INVIOLABLE, no sólo para las decisiones tomadas en función de su cargo (que son mínimas – nombrar los jefes militar y civil de la casa real y repartir la dotación económica de la familia entre sus miembros) si no también para las de tipo personal; en definitiva haga lo que haga mientras esté en el cargo nunca nadie podrá pedirle responsabilidades por dichas actuaciones. ¿EL REY ES ESPAÑOL?, ¿LE TRATA LA LEY COMO AL RESTO DE LOS ESPAÑOLES?
Partiendo de la base de todo lo anterior y de la experiencia del Rey Emérito en su comportamiento, para mí, habría sido una actitud tremendamente honorable y muy de agradecer que el actual Monarca hubiera PEDIDO AL PARLAMENTO QUE LEGISLARA PARA ELIMINAR DICHA INVIOLABILIDAD para, legalmente, convertirse en un ciudadano normal y así eliminar las dudas que pueda haber de una repetición posterior (SIEMPRE SIN PONER EN DUDA SU HONRADEZ). Yendo un poco más allá; ¿POR QUÉ NO LO HAN PEDIDO LOS POLÍTICOS?, ¿NO TENDRÁ QUE VER CON EL MIEDO A PERDER SU PRIVILEGIO DE AFORAMIENTO?
