Si nos entretenemos en buscar el significado de emérito nos encontramos con “persona que se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta algún premio por sus buenos servicios”; definición que podemos aplicar perfectamente a Juan Carlos I.
Hay veces que te ponen las cosas “a huevo” y esta ha sido una de ellas. En primer lugar me gustaría dejar claro que, desde mi punto de vista, en una democracia, la forma de jefatura del estado (Presidente de República o Rey) no implica que una sea mejor que la otra para la sociedad, pues eso va a depender de la persona que la detenta; lo que si se puede decir con toda la razón del mundo es que una es coherente con el estado democrático y la otra no pues la persona que la ocupa, a título individual, nunca es elegida por los ciudadanos, aunque la institución que la soporta vaya incluida en la Constitución que si ha tenido su refrendo. Partiendo de estas premisas en las que creo podemos estar todos de acuerdo nos encontraremos con ciudadanos partidarios de una u otra situación y todos lo harán legítimamente.
La actual Monarquía Parlamentaria española, según se interpreta del texto constitucional, no dispone de ninguna capacidad ejecutiva que no sea el nombramiento de los responsables de sus casas civil y militar y distribuir la dotación económica de la que dispone la institución, derivada de los presupuestos del Estado; en todo lo demás es una mera figura representativa cuyas propuestas o decisiones tienen que ser ratificadas siempre por las instituciones pertinentes. Partiendo de lo anterior es difícil de entender el que disponga de inviolabilidad si no puede tomar decisiones a título individual. La protección de las personas en el ejercicio de sus funciones públicas (inviolabilidad o aforamiento), aunque hoy día resulta innecesaria (en la mayoría de los países prácticamente es inexistente) debería limitarse, caso de existir al ejercicio de esas funciones y dejar fuera de ella las actuaciones del ámbito privado.
Posiblemente una gran mayoría de las generaciones jóvenes de este país, al no haberlo vivido, necesiten un pequeño recuerdo histórico para que la habitual técnica de manipulación no los “lleve al huerto” con suma facilidad con cosas como que “el Rey Juan Carlos nos trajo la democracia a España” y otras expresiones parecidas utilizadas con fines partidistas. Los que vivimos el proceso en primera persona sabemos que la democracia la trajo el deseo del pueblo y el esfuerzo de un grupo de personas que, en un momento difícil y de riesgo pusieron encima de la mesa su futuro y fueron capaces de sentarse, hablar y llegar a acuerdos, aunque sus posiciones estuvieran inicialmente muy alejadas; uno de esos acuerdos fue colocar a Juan Carlos como la figura representativa de la nueva realidad. A lo largo de toda su trayectoria, y la he vivido toda, yo no le recuerdo más que un momento decisivo, su discurso la noche del golpe de estado del 23 F. La realidad institucional es ésta aunque a algunos les cueste mucho reconocerlo.
Otra cosa es el comportamiento personal en su vida privada; siempre se ha comentado que era un mujeriego con múltiples amantes pero, aunque eso no es lo más ejemplar en una persona que representa ante el mundo a un país entra dentro de su ámbito privado y sólo le puede exigir responsabilidad su cónyuge. Lo verdaderamente grave empieza cuando se van descubriendo unas cloacas con aguas muy turbias, con supuestas utilizaciones de su cargo para cobrar comisiones y enriquecerse, no pudiendo pedirle responsabilidades ni investigarle porque en la Constitución aparece como inviolable para cualquier actuación y los parlamentarios, esos si elegidos por los ciudadanos, se niegan a formar una comisión parlamentaria de investigación (cuyo fin no es castigar sino conocer) alegando que deterioraría la institución cuando, en realidad, de quien se trata no es de esta si no de la persona física que la ha representado a lo largo de 40 a.
Yo creo que una investigación a fondo, no ya para castigar porque ya no se puede, si no con el ánimo de conocer los fallos de diseño que se cometieron en el proceso constituyente, y corregirlos de cara al futuro para que no vuelva a ocurrir esto nunca más, es imprescindible si de verdad queremos que nuestra democracia pueda ser homologable con un sistema político moderno y justo; por supuesto que eso no dañaría a la institución si no que le aportaría un empaque y credibilidad que, por supuesto, le quita el oscurantismo en el que la van a meter. Por otra parte también creo que, visto desde un punto de vista monárquico, todo este proceso debería haber sido forzado por el actual Rey Felipe VI renunciando personalmente a la inviolabilidad, porque, con la deriva actual lo único que se consigue es una pérdida de popularidad de la institución que finalmente la llevará a su desaparición.
Ahora que nos encontramos en una situación sanitaria de riesgo podemos sacar, de ella, conclusiones aplicables, por extrapolación, a otros ámbitos, también al que estamos tratando en este comentario. En la situación que estamos viviendo se pueden cometer (y se cometen) actos de insensatez sin tener protección alguna contra el virus, con lo que llevan de riesgo para el conjunto de la sociedad; ¿os imagináis lo que harían si ellos se consideraran inmunes?. Traslademos esta reflexión a una casa real a cuyo máximo representante (el rey) se le considera constitucionalmente inviolable que es tanto como decir que ni siquiera se puede iniciar una investigación sobre sus actuaciones personales; a que a vosotros también os da la sensación de que esto puede generar un estímulo importante para que, si se presenta la situación, aproveche la oportunidad en su beneficio aunque sea cometiendo una clara ilegalidad que al resto de los ciudadanos les acarrea penas importantes, como, parece ser, ha realizado Juan Carlos I. ¿No os parece que es lógico y urgente el revisar este punto de nuestra Constitución y corregir el error, que cometieron en su redacción, limitando la inviolabilidad únicamente a lo derivado de sus responsabilidades del cargo?. ¿Por qué da la impresión que determinados grupos políticos se niegan a apoyar una actuación de este tipo alegando la estabilidad de la Monarquía y sin tener en cuenta que la Constitución dice que “todos los españoles somos iguales ante la ley?. ¿Acaso el rey no es español?. ¿No tendrá mucho que ver con el miedo a perder su privilegio de aforamiento si se empieza a recorrer ese camino?.
Mi sensación es que hay demasiadas preguntas sin responder y además no olvidemos que en el resto de los países europeos el número de aforamientos es ridículo (2-3) mientras que en España son unos 18.000 y no sólo para su actividad institucional si no también para la privada; casos en que han salido manifiestamente beneficiados los conocemos todos.
